AME5677. CARACAS (VENEZUELA), 13/10/2026.- El ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz y secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello (c), habla durante una marcha hacia la sede del Parlamento este martes, en Caracas (Venezuela). EFE/ Ronald Peña R

El subdirector de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW), Juan Pappier, advirtió que la reforma de la Ley contra el Odio en Venezuela no puede limitarse a reemplazar las penas de cárcel por multas impuestas por el ministro de Interior, Diosdado Cabello. Pappier señaló que Cabello posee "un récord de represión en el país" y que cualquier reforma debe ser más profunda que esta simple sustitución.

Durante una entrevista en el programa Café Global de Mundo UR, Pappier hizo un balance de la visita que realizó Human Rights Watch a Caracas y Maracaibo la semana anterior. El representante de la organización internacional reconoció que es valioso despenalizar la ley y eliminar las disposiciones que establecían penas de cárcel, pero expresó su preocupación sobre las medidas alternativas propuestas.

La preocupación central de Pappier se enfoca en que las multas serían impuestas directamente por el ministro de Interior. Esta estructura concentraría el poder punitivo en manos de una autoridad con antecedentes documentados de represión, lo que podría resultar en un abuso discrecional de la nueva normativa.

Según el texto que fue validado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, la reforma sustituye las penas de 10 a 20 años de prisión por multas que oscilan entre 500 y 10.000 veces el tipo de cambio de la moneda de mayor valor fijado por el Banco Central de Venezuela.

Este mecanismo de multas variables según el tipo de cambio genera incertidumbre adicional, ya que las sanciones económicas podrían aumentar significativamente según las fluctuaciones monetarias, afectando desproporcionadamente a los ciudadanos que enfrenten sanciones bajo esta ley.

Human Rights Watch mantiene que una verdadera reforma de la Ley contra el Odio debe ir más allá de cambiar el tipo de sanción y debe incluir salvaguardas institucionales que eviten el abuso discrecional por parte de autoridades del gobierno, independientemente del mecanismo de castigo utilizado.

Fuente: La Patilla — Ver nota original


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